Si hay Gobierno, será muy parecido al actual. Es la única pista que ha dado el presidente en funciones tras su entrevista con el Rey y la presentación oficial de su candidatura. Es más que posible que tenga menos Ministerios y que aparezca algún independiente que no pertenezca ni al PSOE ni a Sumar. Pedro Sánchez necesita los 31 votos que aglutina Yolanda Díaz y le tiene que dar una porción del futuro poder gubernamental, y ésta, a su vez, tiene que negociar una pequeña parte de ese poder con las otrora poderosas compañeras de Podemos. Que esté o no esté en el mismo Irene Montero es un tema fácil de resolver, existen muchos puestos y cargos que dependen del largo brazo del Ejecutivo.
Todos los negociadores que tienen en sus manos los 57 votos que necesita el líder del PSOE van a pedir los máximos para luego reducir exigencias en una negociación que va a ser bastante rápida. Desde Sumar al BNG pasando por ERC, Junts, PNV y Bildu ya llevan semanas sentados a la mesa de las peticiones con las personas de confianza del presidente. A ninguno le interesa entrar en otro proceso electoral que lleve a ir a las urnas a mediados de enero. Una simple razón: el poder que tienen y pueden conseguir no estaría garantizado y el viejo refrán español de “más vale pájaro en mano que cierto volando” se cumplirá una vez más. Si
Puigdemont se pone duro, perderá; si
Junqueras se pone duro, perderá; si Bildu se pone duro, perderá; si el PNV se pone duro, perderá; y lo mismo le ocurrirá al BNG con su único asiento en el Congreso.
La que más tiene que perder es Yolanda Díaz, que podría dejar de ser vicepresidenta y hasta tener que enfrentarse a una rebelión interna en Sumar por la heterogeneidad de los 15 grupos que forman ese partido recién nacido. Su único problema se llama Pablo Iglesias, que es el protagonista que está entre bastidores aconsejando al trío de mujeres que dejó al frente de Podemos: Ione Belarra, Irene Montero y Lilith Verstrynge. Sólo una de ellos permanecerá en el futuro Gobierno, del que los representantes de Izquierda Unida están dispuestos a cambiar el nombre de Alberto Garzón por otro que, incluso, permita incorporar un nombre catalán a la cuota nacionalista que debe cubrir la dirigente que llegó de Galicia.
Los seis grupos políticos a los que el equipo negociador de Pedro Sánchez tienen que convencer de lo exagerado de sus demandas, mientras les ofrecen una parte del “pastel” que conlleva estar en la alta gobernanza del Estado, van a representar durante dos semanas que sus votos (desde 31 a uno) en el Congreso tienen un precio. No actúan de cara al conjunto de los españoles, se dirigen tan sólo a sus votantes, a aquellos que les han llevado a los escaños que tiene en el Hemiciclo. Más exigentes, por la inmediatez de sus propias elecciones autonómicas en el mes de junio, vascos y gallegos, sobre todos ellos los dos partidos que más se juegan como son el PNV y Bildu, peleando por el liderazgo en Euskadi tras los resultados de las generales del 23 de julio.
Si hay menos Ministerios y menos ministros, ni desde el PSOE van a pedir el mismo número de Carteras, ni lo harán tampoco desde Sumar. El remedio a ese bajón puede estar en las listas europeas, para empezar, y en los organismos que dependen del Gobierno y que permiten jugosas recompensas económicas, un detalle que a ninguno de los negociadores se les olvida. Sánchez, que al final es quien reparte las cartas en esta última partida de cartas, parte con ventaja. Si se tuviera que ir a nuevas elecciones se daría un nuevo paso hacia el bipartidismo perdido al acentuarse las llamadas al voto útil por parte de las dos grandes e históricas formaciones de la actual democracia.
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