El cumpleaños constitucional ha servido para ver de nuevos que nuestra Carta Magna no recibe el reconocimiento que merece, y que los dirigentes políticos están más preocupados por su futuro personal que por todo lo que signifique unidad de acción, tanto hacia dentro de España y su articulación territorial a varios niveles, desde el fiscal al educativo, como hacia el exterior en cuanto a defender las mismas posiciones en la candidatura de Nadia Calviño como presidenta del BEI, que sería una muy buena noticia para este país, al margen de las tendencias partidistas. La misma situación de irresponsabilidad se debe aplicar a las posturas sobre las guerras de Ucrania y de Palestina.
A diferencia de otros países España no es capaz de mantener una política de estado en los temas internacionales al margen del color del gobierno de turno. Perdemos fuerza internacional por nuestra vieja costumbre de poner por delante las peleas internas antes de los intereses comunes. La culpa mayor siempre recae en el Gobierno, sea de izquierdas o de derechas, pero la oposición debería asumir su muy notable culpa en ese desafuero político.
Desde la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la ya dividida coalición de Sumar, la Fiesta de la Constitución tan sólo ha servido para hacer públicas las ramplonas miras de los dirigentes políticos. Armengol bajando el tono de su intervención para centrarse en aquello que fomenta la división, en lugar de apelar a lo que nos une; mientras que desde el lado de la vicepresidenta segunda se ataca al abandono de Podemos de Sumar, para conseguir voz propia, si el menor asomo de autocrítica.
Yolanda Díaz le hace otro agujero al Gobierno y a su presidente, que se suma a los de los nacionalistas, por un lado, y a los de la derecha, por otro. Unos y otros con la mirada fija en las sucesivas elecciones que tendrán lugar en 2024, sobre todo las del mes de junio, con carácter y alcance europeo.
Ninguno de ellos se preocupa desde hace años en examinar la raíz del mal para intentar curarlo. Más bien dejan que la enfermedad crezca y vaya gangrenando todo el cuerpo constitucional, como si la experiencia de nuestra propia historia como pueblo diverso, pero con carácter propio frente al resto de Europa, no sirviera de nada. Lo dijo desde el Hemiciclo hace unos meses Ramón Tamames: sus señorías deben estudiar más historia de España.
Diagnosticada por una gran parte de la clase política como enferma grave la Constitución se resiste a ser “curada” en sus aspectos fundamentales, los que aparecen en sus tres primeros artículos y que hacen referencia a la “ Monarquía parlamentaria”, a la “indisoluble unidad de la Nación” y al “castellano como lengua oficial del Estado”. Lo que parecía atado y bien atado con estos tres principios, pese a las demostraciones en contrario de nuestra propia historia, hoy aparece ante los ojos de unos asombradosl ciudadanos como tres “nudos gordianos” que es necesario cortar.
Con apenas 45 años de existencia recibe el calificativo peyorativo de vieja. No se dice lo mismo de los Estatutos de Cataluña y País Vasco, diez meses más “jóvenes”, o de los de Galicia, Andalucía, Asturias y Cantabria que se aprobaron en febrero de 1981 mientras que los últimos, los de Castilla y León, Extremadura, Islas Baleares y Comunidad de Madrid lo eran dos años más tarde. Eso sí, y al margen de lo que dice la Constitución y el sentir de los “padres “ que la redactaron, nuestros 17 Estatutos se han reformado en los 42 años de vida nada menos que 42 veces, una media que supera la media del conjunto en más de uno por año.
Temas que sí necesitan de un desarrollo legislativo como la “Ley de la Corona” no se han abordado por el miedo que suscita todo lo refrente a la Monarquía, ese artículo 1 que aseguraba el plano regreso de la Casa Borbón, por encima de la voluntad expresada por Francisco Franco que, eso sí, antes de dejar a Juan Carlos I como Jefde del Estado se aseguró de que su padre, Juan de Borbón, legítimo heredero de Alfonso XIII, no pudiera sentarse en el trono que tanto deseaba.
El sublevado y vencedor de la Guerra Civil quería que hubiese “un corte en la línea dinástica” y lo consiguió. Buscaba una “Monarquia Orgánica” pero en sólo veinte meses nuestra Monarquía se vistió de futuro con la Democracia con las primera elecciones libres y la concurrencia a las urnas de la antigua y denostada oposición de los partidos socialistas y comunistas.
Querer dar un salto en el tiempo bajo la frase de acabar con el “régimen del 78” para tomar como referente el ordenamiento constitucional de 1931 con la Segunda República es, de nuevo, mirar hacia atrás en lugar de pensar en el futuro. Buscar que a través de otro proceso electoral, con presencia de todos los partidos, los españoles elijamos a un Presidente de la República para un periodo de tiempo que podría estar entre los cinco y los siete años, en lugar de asumir la aprobada Monarquía hereditaria - con todas laa exigencias y control es que eviten lo sucedido con Juan carlos I - es malgastar energías y tiempo.
Si a una parte muy importante de la clase política, que va desde el nacionalismo a la izquierda tanto socialista como comunista, le molesta el Artículo 1 de la carta Magna, otro tanto le ocurre con el número 2. La indisoluble unidad de la Nación se puso en cuestión casi en el mismo instante de su aprobación por Referendum el 6 de diciembre de 1978. Luego, con cada Estatuto y sus innumerables reformas, siempre en busca de una igualdad que deje en el baúl de los recuerdos los llamados “derechos históricos”, la unidad de la Nación se pone en entredicho en cada declración de los gobernantes de Cataluña y el País Vasco.
La auténtica enfermedad estructural de España está enquistada en las Autonomías. Llegados al Artículo 3 nos encontramos con dos palabras que ayudan y mucho a la ruptura del edificio constitucional, a la propia esencial de la Nación, el Estado o el País. Desaparece el idioma español y aparece el castellano como lengua común, pero dejando que sean las Comunidades las que articulen las relaciones con otras lenguas allí donde existan.
Puede que se pensara en el catalán, el vasco y el gallego dentro del esquema linguístico que hundía sus raises en la propia historia de España, peor ya estamos viendo en estos primeros compass del siglo XXI que en Aragón se reivindica la fabla y hasta el jaqués, en Asturias el bable, en Extremadura el castuo, y de seguir por ese camino nos encontraremos con 17 co-lenguas oficiales en muy poco tiempo.
Tres “Principios” que de seguir avanzando en su destrucciónterminarán por destruir la España que conocemos y que lleva funcionando muy bien, pese a los escándalos y vicios de algunos de sus habitantes, sean quien ese sean y ocupen las posiciones de poder que ocupen.
Es muy difícil, por no emplear la palabra imposible, que la Constitución se reforme a esos niveles. Las exigencias de 3/5 del Congreso y otro tanto del Senado para aprobar cualquier reforma, o al menos de una mayoría absoluta en el Senado y una mayoría de dos tercios en el Congreso obligaría a un acuerdo entre las dos fuerzas políticas dominantes en la izquierda y la derecha, un mínimo de 233 parlamentarios de los que se sienten en el Hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo.
Existe otro camino, más duro y rupturista, más complejo y que supondría la utilización de los ciudadanos tras conseguir la desafección de éstos al actual sistema: redactar una nueva Constitución y someterla a un Referendum nacional, estableciendo unos mínimos de votos afirmativos y de asistencia a las urnas. La idea existe, los borradores existen y el camino para lograrlo transitaría a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
Quizás si miramos con esa lupa descubriremos que muchos discursos y actitudes de dirigentes políticos se explican con gran claridad, incluidos los recientes cambios oratorios del presidente del Gobierno, a un ladoi, y de los presidentes catalán y vasco, al otro.
Si (
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