El presidente del Gobierno es un perfecto cocodrilo político. Muy pocos serían capaces de resistir la virulencia de los ataques que recibe cada día desde que accedió al poder en 2018. Y aún menos los que son capaces de atacar a grandes presas sin importarle el riesgo.
El presidente del Partido Popular Europeo y el Comisario de Justicia han utilizado la amnistía que desea el Gobierno para los implicados y condenados e el Process para poner en duda la democracia en nuestro país, y se han autoproclamado vigilantes de lo que haga y pueda hacer una mayoría parlamentaria en el órgano de la soberanía nacional que es el Congreso.
Una injerencia pedida y alentada por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en lo que son dos sendos despropósitos políticos si la actual Legislatura se mantiene durante cuatro años. Si logran que se adelanten las elecciones, sobre todo si electoralmente el PSOE pierde en las tres elecciones que habrá en el primer semestre de 2004.
Unos resultados que pueden cambiar los pactos existentes hasta hoy, tanto con los independentistas como dentro de la izquierda con la ruptura entre Sumar y Podemos por la política de “tierra quemada” que puso en marcha Yolanda Díaz para dejar fuera de toda iniciativa a Irene Montero e Ione Belarra, explicable por las venganzas personales pero otro error político que sumar (en minúscula) a los que la vicepresidenta segunda ha cometido a lo largo y ancho de su vida pública. Errores que le han llevado a liderar a un conjunto de formaciones que se distanciaron del antiguo PCE y que ahora dependen de lo que haga el partido que administra Enrique Santiago.
Tanto el conservador Weber como el liberal Reynders tienen todo el derecho a criticar la política del socialista Sánchez, lo que no pueden es lanzar dudas sobre la democracia española mientras acusan al Gobierno de no respetar las normas de la misma, en la que se basa la propia construcción europea.
Los primeros que incumplen las mínimas normas de respeto y funcionamiento de las instituciones son ellos. Aquí, en España, será el Congreso y el Senado, primero, y los jueces más tarde, hasta llegar al Tribunal Constitucional, los que aprueben y dictaminen sobre la legalidad de los proyectos de Sánchez, desde la amnistía a los posibles referéndums.
Algunos políticos no quieren ver que el mundo ya ha cambiado, que las instituciones que salieron de la II Gran Guerra se han vuelto casi inservibles y que el equilibrio de los famosos tres poderes que enuncíó Montesquieu está roto y será muy difícil que se recomponga.
Si (
No(