Sólo el interés personal y la falta de un auténtico proyecto para el futuro de España explican las posturas de socialistas como Emiliano García Page o Felipe González ( que abrió la primera de las brechas para la reforma constitucional) ante los pactos de Pedro Sánchez con Pere Aragonés de cara a la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Es tan oportunista e interesado como lo han sido todos los pactos desde hace 40 años. Se busca el desgaste del adversario por encima de cualquier otra consideración.
Las diferencias que en 1978, dentro del Título VIII de la Constitucion, se crearon para distinguir entre las llamadas Comunidades históricas y el resto eran tan injustas entonces como ahora. Los “padres constitucionales” partieron de las estructuras que se habían previsto en la II República para Cataluña, Euskadi y Galicia y le añadieron Andalucía por el simple hecho de que los dirigentes del PSOE, desde
Felipe González a
Rafael Escuredo, eran andaluces y ese territorio fue el último que estuvo en manos árabes hasta la conquista del Reino se Granada por los Reyes Católicos y gracias - guiños de la historia - a las ayudas económicas y la planificación financiera de la minoría judía que llevaba mil años en España.
Los artículos 143 y 151 establecieron las diferencias hace 46 años de forma tan “ caprichosa” y falta de rigor histórico como era privarle a León o a Valencia o a Murcia de su pasado como Reinos que fueron. Esas diferencias han ido saltando por los aires con el paso del tiempo y la aprobación y desarrollo de los 17 Estatutos de Autonomía. Sobre esa base inestable y desde la izquierda española más global se han querido dar los pasos hacia un nuevo Estdo Federal, monárquico o republicano según estuvieran los equilibrios políticos.
Lo acordado entre el Gobieno y ERC, con sus evidentes intereses a corto plazo como son las investidura del socialista Salvador Illa, por una parte, y el apoyo en el Congreso a Pedro Sánchez, por otra, no son más que pequeñas piezas del puzzle más ambicioso: la federalizacion completo de España sin tener que afrontar una reforma constitucional que esigiría acuerdos de dos tercios en Congreso y Sendo, y que podría abrir la puerta a la pregunta clave en el necesario Refrendum: Monarquía o República.
Es imposible dar marcha atrás en el desarrollo autonómico para recentralizar España. Ninguna Autonomía quiere ser menos que las demás, con derechos históricos y sin ellos. Tienen toda la razón. No hay juatificación alguna que un estremeño, un manchego, asturino, riojano o madrileño esté y se sienta discriminado frente a un catalán, un vasco, una gallego, un navarro ( peculiaridad que sólo se explica por las luchas entre lasa familias que deseaban el trono español y los pactos con presencia francesa y austriaca ) o un andaluz.
Es evidente que el pacto entre los nacionalistas catalanes y el Gobierno de Sánchez obedece a la necesidad concreta e inmedita de conseguir el poder en Cataluña y mantenerlo en Madrid. Lo necesitan tanto Sánchez como Junqueras y les molesta tanto a Puigdemont como a Abascal. No tanto a Feijóo y al PP, que estarían más que dispuestos a hacer algo parecido si de alcanzara el poder y mantenerlo se tratara. Basta con mirar lo que socialistas y populares han estado haciendo en sus suscesivas negociaciones con los nacionalistas de derechas e izquierdas en esas Autonomías. Por eso es difícil de entender las posiciones de algunos presidentes, que se obsesionan e la pretendida defensa de una España que ya no existe.
Si (
No(