No se trata de un caso fácil, como lo demuestran asuntos anteriores de menor tragedia y en la que no estaban involucradas las administraciones públicas de una forma tan clara. Por ahora todo se centra, según el auto de la jueza, en averiguar si El Cecopi, el organismo de emergencias de la Generalitat valenciana, hizo su trabajo bien o si puede ser responsable de las muertes por no haber enviado a tiempo los mensajes de peligro a los ciudadanos.
Toda la responsdabilidad judicial, por ahora, recae en la ex consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ambos cesados por Mazón tras la tragedia y que se convierten así en dos víctimas propiciatorias muy aprovechables ya que efectivamente, sobre todo la primera, estaba al mando del Centro de emergencias en el momento de la tragedia.
Parece claro que va a ser muy difícil demostrar judicialmente la culpabilidad de Mazón y que parece más fácil dejar todo el caso en lo evidente, que la CECOPI retrasó el aviso de emergencia sin más razones que su incapacidad para manejar un asunto tan grave y en eso se centran los autos de la jueza.
Queda en el aire, en cambio, las responsabilidades políticas que debería haber aceptado el propio presidente de la Comunidad valenciana, su dimisión, a lo que se niega Mazón con la excusa de dirigir la reconstrucción de las zonas afectadas. Este atasco político atañe no solo a Mazón sino al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha demostrado que tampoco sabe manejar situaciones de esta índole y que ya provocó terremotos en la derecha española cuando ocurrido, por ejemplo, el naufragio del “Prestige” en el año 2002, con Fraga al frente de la Comunidad gallega y Aznar en La Moncloa. Sin olvidar que dos años después José Luis Rodríguez Zapatero derrotaba a Mariano Rajoy en unas elecciones generales.
El presidente valenciano del PP quiere seguir aguantando la marea de protestas, protegido más que por Feijóo, que no se ha atrevido a quitarle, por el Vox valenciano que prefiere un presidente débil que dependa de ellos que uno cese que puede acabar en unas nuevas elecciones en las que nadie sabe como quedarían las fuerzas resultantes.
Todo hace prever un largo periodo de actuaciones judiciales, no menos de cinco años y probablemente más, tras lo cual lo más seguro es que la mayor parte de los protagonistas hayan desaparecido de la vida política y social. Es la esencia de la vida política y jurídica española.
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