Los políticos/as españoles se montan en sus cargos cada cuatro años a sabiendas de que la sociedad española, los ciudadanos, tienen ya un callo político que les hace aguantar cualquier cosa. Están curados de cualquier espanto mientras ven a sus políticos echare en cara sus miserias, ya sean éstas de dinero, corrupciones de todo tipo o sexuales.
Los políticos mienten, sobre todo cuando está en el poder ejecutivo, y todo el mundo lo sabe pero ya nada importa. A la hora de las elecciones todavía habrá suficientes votantes que llenen las urnas aunque sepan que les están engañando unos y otros.
Las víctimas se han convertido en una de las armas que estos políticos utilizan para “quítate de ahí que me pongo yo”. No es algo que haya empezado ahora, pero los políticos necesitan probar cada vez más fuertes para intentar acabar con sus enemigos.
Habría que recordar como el PP lanzó a la cara a Felipe González los asesinados de los GAL, tratando de quitárselo de en medio. La hipocresía de los dirigentes de la derecha fue tan increíble como que apoyaban la guerra sucia contra ETA y al mismo tiempo acusaban de ello al gobierno del PSOE.
O cuando el PSOE acusó al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, por el accidente del Yakovlev 42 en Turquía el 26 de mayo de 2003, en el que murieron 62 miembros del Ejército a su regreso de misión en Afganistán. O cuando Esperanza Aguirre, entonces presidenta madrileña, acusó al doctor Montes –y en general a la izquierda madrileña- de favorecer la muerte de enfermos terminales en el hospital Severo Ochoa de Madrid.
Ahora han sido los muertos en las residencias madrileñas durante el covid lo que se intenta mover para alertar a la conciencia de los madrileños contra Ayuso, por los más de 7.000 casos documentados, sin que a nadie de otras comunidades autónomas parezca importarles lo que allí ocurrió también al aplicarse las mismas o parecidas normas que en la sanidad madrileña en plena ola de la pandemia.
Que tanto Ayuso como Mazón debería someterse judicialmente a las querellas de las familias de los ciudadanos afectados está claro, e incluso dimitir por su malas gestiones –cosa a lo que ellos se niegan- pero el uso político de estas víctimas está claro.
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