La espera por reclamaciones a Hacienda se prolonga hasta cuatro años

Los ciudadanos pueden acudir a los TEAs de forma gratuita ante cualquier reclamación a la Agencia Tributaria sin necesidad de contratar abogado o procurador, según recuerda Gestha, que añade que por esta razón, el "colapso" de estos órganos administrativos perjudica al contribuyente más modesto, tanto si finalmente se le da la razón como si no, ya que, mientras no se resuelva su caso, no puede acudir a los tribunales contencioso administrativo, creando un "cuello de botella" para acceder al sistema judicial.

Según Gestha, la "saturación" de los tribunales administrativos se debe principalmente a dos factores, el "adelgazamiento" de su plantilla en los últimos años y el crecimiento continuado de reclamaciones desde el inicio de la crisis, en un contexto de "poca receptividad" de las administraciones tributarias frente a las alegaciones de los contribuyentes.

En concreto, el personal de los TEAs se redujo un 17,6% entre 2007 y 2014, al mismo tiempo que el número de reclamaciones interpuestas cada año subió un 63,7% en el mismo periodo. De esta forma, el número de reclamaciones pendientes de resolver aumentó en 140.856 en estos últimos siete años.

Con estos datos y teniendo en cuenta que en 2014 se aceptaron --total o parcialmente- el 41,95% de las reclamaciones presentadas por los contribuyentes, los técnicos de Hacienda estiman que de las 286.597 resoluciones pendientes, más de 120.000 podrían ser estimadas, lo que supone que quedaría anulada la deuda que tuvieran esos contribuyentes con Hacienda.

Según el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, "la situación de colapso que viven los TEAs deteriora el único mecanismo gratuito del que disponen los ciudadanos para impugnar los actos tributarios que les resultan lesivos, especialmente para el 42% de las reclamaciones que son estimadas".

Además, reprocha que perjudica el servicio público en la medida en que el retraso en la resolución del 47% de las reclamaciones que son desestimadas hace que las deudas suspendidas con o sin garantía permanezcan años en esta situación, sin que la Administración pueda ingresar nada hasta que se resuelvan las reclamaciones.