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Es muy difícil que el Partido Popular pierda las elecciones del próximo domingo en Galicia pero es posible que pierda el Gobierno de la Xunta. Lo que ya es seguro es que los socialistas gallegos seguirán como tercera fuerza y que no tendrían más opción que apoyar al Bloque Nacionalista Galego si se diera la circunstancia de que entre las dos formaciones llegaran a sumar 38 escaños en el Parlamento. Galicia se ha convertido en la tercera base sobre la ya se asienta la España Federal.
La presidenta de la Comunidad madrileña es de nuevo la baza electoral que va a utilizar el Partido Popular para ganar unas elecciones, las gallegas, ante el avance de la izquierda, por un lado, y la posibilidad de que por la derecha, Vox consiga un escaño que podría convertirse en decisivo para llegar a la mayoría absoluta y que Alfonso Rueda siga gobernando la Xunta desde el palacete de Santiago de Compostela.
Los dos problemas van más juntos de lo que a todos nos gustaría. Se mueven desde un mismo eje, las mafias, que controlan el envío de drogas a España y por el mismo camino a miles de emigrantes ilegales que colapsan los servicios sociales y se convierten e un elemento decisivo para que los poderes públicos, ya sean del Estado, autonómicos y municipales, ya sean españoles o europeos, tengan que dedicar una gran parte de los recursos públicos a proteger a esas miles de personas que huyen de sus países de origen en busca de lo que para ellos es el Paraíso que existe al otro lado del mediterráneo.
Hoy, sábado 10 de febrero de 2024 los agricultores, ganaderos y transportistas convocados desde las redes sociales por dos valencianos y un gallego intentarán someter a la sede central del PSOE a un cerco basado en tractores y camiones de todo tipo. El movimiento copiado de Francia y otros países europeos lo inició desde Tik Tok, Whatsapp y Telegram la sanitaria e hija de agricultores, Lola Guzman, militante de Vox hasta hace un año y presente en casi todas las manifestaciones que se sucedieron frente a la sede socialista de la calle Ferraz. Junto a ella, su abogado y asesor Xaime da Pena Gutiérrez, con despacho en A Coruña, heredado de su padre, especialista en Derecho mercantil y la persona que pagó con 40.000 euros la enorme lona en defensa de la empresa Desokupa en el centro de Madrid.
Si la candidata del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, consigue arrebatar al Partido Popular el Gobierno de la Xunta, con la imprescindible ayuda del PSG, se lo deberá en primer lugar al líder sindical que dirige como Secretario General la Confederación Intersindical Galega desde el 28 de mayo de 2017 durante la celebración de su VII Congreso. Es la auténtica fuerza social del nacionalismo gallego, con más militantes y más representación en todos los sectores industriales que la Comisiones Obreras del vasco Unai Sordo y la UGT del asturiano Pepe Alvarez.
El 13 de febrero será el último día en el que se puedan publicar encuestas en los medios de comunicación sobre las elecciones gallegas. Siempre se podrán publicar en algún medio andorrrano y recoger los resultados como una crónica de opinión. Y, desde luego, seguirán haciéndose en privado para uso de los partidos políticos, tanto para el que ahora detenta el poder, el PP de Alfonso Rueda, como para las cuatro formaciones de izquierda que desean quitárselo, ya se llamen BNG, PSG, Sumar o Podemos.
Si los resultados de las elecciones generales del pasado mes de julio en Galicia se repiten el Partido Popular ganará con comodidad el próximo 18 de febrero y Alfonso Rueda seguirá de presidente de la Xunta. Si en lugar de la participación que hubo en los comicios para elegir parlamentarios en el Congreso se repitiera la abstención que hubo en 2020 para las elecciones al Parlamento gallego todo podría cambiar. Esto último es la esperanza que tienen Ana Pontón desde el BNG y José Ramón Gómez Besteiro desde el PSG. La participación es crucial, al igual ue lo serán los votos de los 300.000 gallegos que viven en el extranjero.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario General del PSOE, se hizo ayer en el Congreso un “Mariano Rajoy” para no tener que soportar la derrota de la Ley de amnistía. Dejó el escaño, se marchó y dejó como máxima responsable del Ejecutivo a la vicepresidenta María Jesús Montero, que afortunadamente para su jefe no lleva bolsa al Hemiciclo. Los culpables del monumental “cabreo” del presidente no fueron 180 parlamentarios, tal y como sucedió en 2018, fueron tan sólo los siete que representan a Carles Puigdemont, el espectro independentista que lleva ocho años zumbando, cual “mosca cojonera”, en los oídos de toda España.
El magistrado del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, no se parecen en nada. El primero nació en Valladolid y el segundo en Canarias. Su trayectoria profesional es muy diferente pero los dos tienen hoy un mismo destino en las investigaciones que llevan en curso, las ramificaciones del Process y los sucesos que hace siete años tuvieron lugar en la Ciudad Condal.
Es imposible que Emiliano García Page se equivoque en política. Lleva cuarenta años de prácticas ininterrumpidas. Ha sido y es todo loo que se puede ser en su tierra, en Castilla La Mancha: concejal, diputado, consejero, portavoz, vicepresidente y presidente. Ha tenido de profesor a uno de los más listos en ese difícil arte de deslizarse por la política sin caerse nunca del todo como es José Bono, incluso cuando perdía alguna de las batallas. Si se pone a hablar con tres presidentes autonómicos del PP para decirles que tiene un pie dentro y otro fuera del PSOE y que Pedro Sánchez y sus fieles escuderos no perdonan hay qué preguntarse por sus objetivos. Es el último superviviente de ls batallas internas del socialismo.
Centrados como están los partidos políticos con las nuevas elecciones que vienen y los argumentos para derribar de la manera más rápida y letal a sus adversarios, nos olvidamos que tras la larga gestión parlamentaria de la ley de amnistía y la posterior de la realización de un referendum legal en Cataluña, están y seguirán estando los tribunales y los jueces.
Nueve mil kilómetros separan Galicia de China y unos cuantos miles más de palabras sobre la Constitución y las negociaciones con los independentistas catalanes son las que separan a Pedro Sánchez de Emiliano Garcia Page. El presidente del Gobierno se ha dado un baño de militancia gallega para intentar que el PP de Núñez Feijóo no siga en la presidencia de la Xunta; el jefe del Gobierno de Castilla La Mancha intenta que las grandes empresas chinas inviertan en su región. Uno y otro son socialistas, al menos eso dicen.
Todos los años, durante cinco días, los financieros, empresarios y políticos más ricos y poderosos del mundo se reúnen en los Alpes suizos para “enseñar” al mundo por dónde deben caminar los ocho mil millones de personas que habitamos el planeta Tierra. A la llamada anual del presidente del WEF, Klaus Martin Schwab, los obedientes “davosianos” dejan sus países y sus empresas para reunirse en cordial armonía con sus colegas llegados de todas pates del mundo, sobre todo del Occidente económico. La genial idea de un economista alemán que en 1971 pensó en arreglar el inquietante futuro sobre la base de reunir a los poderosos.
La tarde del 27 de junio de 1977 a las siete de la tarde, tras comer y una pequeña siesta, el presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, salía del chalet del diplomático y financiero, Manuel Ortínez, camino del palacio de La Moncloa. Durante años tuvo en estar fuera de España y llevaba negociando su regreso con mensajeros del Gobierno de Adolfo Suárez, con mensajeros del Rey Juan Carlos y siempre con el círculo empresarial más cercano al PNV, hasta el punto que el avión en el que viajó a Madrid era propiedad de Luís Olarra, el hombre que, ante el chantaje económico que le exigía ETA, optó por "otra solución”: les hizo llegar a los dirigentes de la organización terrorista que si le mataban a atentaban contra cualquier miembro de su familia había depositado 500 millones de pesetas en Marsella para que la mafia francesa acabara con todos los familiares de los cabecillas. No pagó ningún impuesto revolucionario. Nunca.
Si Alfonso Rueda no consigue mantener el Gobierno de Galicia en manos del Partido Popular el próximo 18 de febrero con la mayoría absoluta que consiguió Alberto Núñez Feijóo durante cuatro Legislaturas, la derrota se le apuntará en el debe al actual presidente del PP. La distancia que separa Santiago de Compostela de Madrid es menor que la que separan las dos formas de gobernar que tienen Rueda e Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno en Sevilla. El candidato popular gallego ha adelantado la electoral por dos razones bastante simple: el miedo a perder el poder o tener que pactar con Vox para mantenerlo.
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